Con la llegada del nuevo curso escolar, se siguen arrastrando los mismos problemas que en los ejercicios pasados, como la falta de plazas de Formación Profesional y las protestas de las mareas verdes contra los recortes. Eso sí, va a haber algunas novedades para alumnos y docentes. Por ejemplo, los estudiantes que empiecen segundo de Bachillerato se enfrentarán a una nueva Selectividad en junio. También se pondrán en marcha refuerzos educativos en los cursos de enseñanza obligatoria. Por su parte, los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla la ley y empiece a negociar el estatuto docente que articule todo lo relacionado con la carrera profesional del profesorado.
Refuerzo en matemáticas y lectura
La primera novedad que va a llegar este año a las aulas va a ser el plan de refuerzo en matemáticas y lecturas que anunció el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tras los malos resultados del alumnado español en la última edición del informe PISA, donde España obtuvo 13 puntos menos en matemáticas y 22 en lectura que en el año 2015.
Para paliar esa situación, el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el reparto a las comunidades de cerca de 95 millones de euros para los planes de mejora de la competencia matemática (64,8 millones) y lectora (30 millones).
El plan tiene cuatro ejes de actuación: habilitar clases en horario extraescolar, reducir el alumnado por aula en estas materias, formar más a los docentes tanto en los contenidos de sus materias como en la didáctica asociada a ellas y dar medios a los centros para que los gestionen los equipos directivos como consideren.
La puesta en marcha de estos programas será progresiva durante los próximos meses, aunque se iniciará este mismo mes de septiembre. El programa de comprensión lectora abarcará la educación básica (Primaria, ESO y FP Básica), empezando por el último curso de Infantil; mientras que el de refuerzo de matemáticas se aplicará de tercero de Primaria en adelante (incluyendo también la ESO y los ciclos de Grado Básico).
La nueva Ebau
El modelo aprobado por Educación tendrá entre cuatro y nueve exámenes, unos criterios de corrección comunes en toda España para ganar igualdad y se valorará con hasta un 10% el estilo y la corrección ortográfica. Además, las alumnas y alumnos que quieran mejorar la nota podrán presentarse hasta a cuatro optativas, una más que hasta ahora. Pero, sobre todo, se pasa a un modelo por competencias que –se supone– debe arrastrar al Bachillerato a enseñar también de esa manera, algo que de momento, cuentan los profesores, no está pasando.
Los ejercicios de los exámenes de cada materia estarán estructurados en diferentes apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas. Se podrá incorporar «la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas» siempre y cuando «esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas evaluadas».
Además, los exámenes tendrán preguntas variadas en cuanto a tipo de respuesta. Es decir, algunas requerirán respuestas cerradas; otras, semiconstruidas y otras, abiertas. En cada uno de los ejercicios, la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta y semiconstruida deberá alcanzar como mínimo el 70%.
Faltan profesores y plazas de FP
Además de estas novedades, la vuelta al cole llega con un problema que se sigue arrastrando desde hace muchos años, y es la falta de profesores. Las comunidades autónomas tienden a apurar la convocatoria de miles de interinos que deben completar sus plantillas, y que, por consiguiente, acaban incorporándose el primer día de clase sin haber tenido tiempo para prepararse. Muchos tienen que desplazarse varios kilómetros cada día para acudir a su puesto de trabajo.
A este problema, hay que sumarle la falta creciente de profesorado en las disciplinas de ciencia. Lo que está ocurriendo es que no hay suficientes profesores y se están derivando desde otras disciplinas, lo que repercute, como es obvio, en la enseñanza. El pasado curso hubo ciclos de FP en los que el alumnado estuvo semanas sin docente.
La otra cara de la moneda es que faltan plazas. La FP está muriendo de éxito, en una sociedad que empieza a verla como una alternativa más que digna a la universidad y que, por tanto, la considera una buena salida educativa.
Pero este impulso no se ha visto acompañado por la creación de las suficientes plazas públicas, de manera que desde hace unos cursos cada septiembre, recurrentemente, decenas de miles de aspirantes se quedan sin sitio, sobre todo en Catalunya y Madrid.
Los sindicatos cada vez se movilizan más
Hacia el final del pasado curso, las mareas verdes retomaron la actividad reivindicativa y aseguraron que no iban a parar. Aunque las protestas se organizaban por barrios, todas daban un paso en común: nuevas oleadas de recortes en las autonomías donde gobiernan PP y Vox y un aumento de la privatización.
En otras comunidades, como la de Madrid y Asturias, se lucha además por las horas lectivas del profesorado. La consejería madrileña es de las pocas que aún mantiene la subida de horas de clase semanales para el profesorado, que aprobó el exministro popular José Ignacio Wert hace más de una década.
En Andalucía se batalla por las ratios de alumnos por clase; en la Comunitat Valenciana por el “ataque a la lengua” valenciana que muchos ven, incluida la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la nueva ley que prepara la Generalitat. En Baleares también se ha salido a la calle por el catalán y en muchas comunidades (Madrid, la Comunitat Valenciana, Aragón, Baleares, La Rioja) se ha implantado el distrito único educativo, una medida que según está demostrado favorece a las clases más pudientes.
Hacia el estatuto docente
Los sindicatos esperan que este curso sea el del estatuto docente. Es una de las grandes asignaturas pendientes. Profesores y profesoras llevan años reivindicando una norma que regule la profesión.
La Lomloe, en su disposición adicional séptima, establece que «en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley» el Gobierno tenía que realizar una propuesta normativa para regular «la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente».
El Ministerio de Educación cumplió con esta obligación sobre la bocina (unos días tarde, de hecho) con un documento que contenía “24 medidas relativas al acceso a los grados de infantil y Primaria, al máster de formación del profesorado, las prácticas del futuro profesorado y evaluación de los docentes, entre otras”.
Los sindicatos vieron en este documento –presentado hace dos años y medio y que no ha tenido continuidad– un mínimo del Gobierno para cumplir una autoimposición, y ahora exigen que se le dé continuidad. Educación ya ha dicho que el estatuto será una prioridad para este año. Todos esperan que así sea.
