El Gobierno socialista no tiene constancia de la cantidad exacta de dinero que destina a los “puntos violetas”, espacios diseñados para la atención, prevención, detección y apoyo en casos de violencia de género. El descontrol es tal que el Gobierno tampoco sabe el número exacto de estos puntos a nivel nacional.
Este asunto ha generado mucha polémica, ya que no existe un registro oficial que refleje la inversión destinada a la creación de los puntos violetas ni las ciudades o zonas en las que están ubicados.
La falta de control y organización en torno a los puntos violetas pone de manifiesto la gran desinformación sobre este tema. A día de hoy, no se disponen de datos oficiales ni cifras exactas sobre el número de casos atendidos en estos puntos violetas.
Esta falta de información ha generado un gran impacto, especialmente porque se ha revelado en el marco de una investigación judicial que ha detectado posibles desvíos de fondos públicos en los contratos adjudicados a estos servicios. Según The Objective, se ha realizado una consulta a través del Portal de Transparencia, planteando la pregunta: «¿Cuál es la inversión total realizada en los puntos violetas desde su creación y cuántas mujeres han sido atendidas en ese mismo periodo?»
El Gobierno no tiene un control de los puntos violetas
El Gobierno ha respondido al medio digital, pero de manera vaga y superficial: “en los presupuestos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no existe una línea presupuestaria específica para cubrir la puesta en marcha de los puntos violeta”. Así mismo, el Gobierno ha querido señalar que: “podrían resultar gastos elegibles en la justificación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) destinados a las comunidades autónomas y entidades locales”.
Según la explicación ha dado el Gobierno, es el Ministerio de Igualdad quien promueve de manera general el establecimiento de los puntos violetas. Pero se ha dado a entender que el establecimiento de esto se hace de manera voluntaria, aunque sea iniciativa de las entidades públicas o privadas.
Reconoce que “no se recogen datos sobre el número de puntos violeta que se establecen en España ni sobre las actuaciones que lleva a cabo cada uno” y que “no existen mecanismos de supervisión y control más allá del control del gasto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya mencionado”.
