Víctor de Aldama ha jugado un papel clave en el llamado Caso Koldo, en el que se investigan presuntas irregularidades y actos de corrupción relacionados con contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia. De Aldama, empresario y expresidente del Zamora CF, ha sido identificado como el principal «conseguidor» en esta trama, según la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Durante la pandemia, Víctor de Aldama, con su papel como mediador en las negociaciones del rescate de Air Europa, aprovechó su relación cercana con el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos. Utilizando su acceso privilegiado, facilitó la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, una firma involucrada en la trama, dado que él no contaba con los recursos financieros ni logísticos para manejar el negocio por sí mismo. Para ello, recurrió a terceros, como el grupo Cueto, que sí disponía de la capacidad operativa necesaria para cumplir con los contratos.
La trama se vuelve aún más oscura al examinar las operaciones financieras vinculadas a estos contratos. Las investigaciones revelan que Víctor de Aldama habría generado unos 6,7 millones de euros en beneficios de estos negocios durante la pandemia. Parte de este dinero fue presuntamente desviado a través de una serie de empresas offshore en Portugal, lo que sugiere un claro intento de ocultar las ganancias y evadir impuestos. La Fiscalía Anticorrupción acusa a De Aldama de delitos que incluyen blanqueo de capitales, organización criminal y fraude fiscal, entre otros.
Además, De Aldama habría mantenido una red de sobornos y pagos a funcionarios públicos para garantizar la seguridad de su trama. Según la Guardia Civil, estos pagos incluían a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes recibían compensaciones económicas a cambio de proteger las actividades ilícitas del grupo. Entre los implicados se encuentra Rubén Villalba, un agente de la Guardia Civil, que habría recibido pagos regulares de parte de De Aldama y Koldo García, un exasesor del Ministerio de Transportes. Estos pagos habrían sido utilizados, entre otras cosas, para asegurar comunicaciones seguras entre los miembros de la trama.
El alcance de la trama no solo se limita a contratos de mascarillas, sino que también ha revelado otras actividades ilícitas de De Aldama, como su implicación en una red de fraude en hidrocarburos, por la cual fue detenido en una segunda ocasión en 2024.
El Caso Koldo sigue desvelando nuevos detalles sobre cómo Víctor de Aldama utilizó su red de contactos y su capacidad de influencia para beneficiarse de la situación excepcional que creó la pandemia. Su participación no solo expone fallos en la gestión pública durante ese periodo, sino que también pone en evidencia cómo ciertos actores aprovecharon la crisis sanitaria para lucrarse, desviando recursos vitales que debían haber sido utilizados para proteger a la población.
