El caso de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, tras la reciente publicación del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado al partido a acelerar su proceso de expulsión.
El origen de esta crisis se remonta a febrero, cuando Koldo García, asesor de Ábalos, fue detenido tras una investigación que implicaba prácticas corruptas. La respuesta inmediata del PSOE fue exigir a Ábalos la entrega de su acta de diputado, y su negativa a hacerlo resultó en su expulsión del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente, se abrió un expediente de suspensión cautelar de su militancia.
El 7 de octubre, Ábalos presentó sus alegaciones, argumentando que no había cometido infracción alguna según los estatutos del partido y pidiendo la archivación de su caso. Sin embargo, su defensa se desmoronó rápidamente ante la publicación del informe de la UCO, que, según fuentes del PSOE, lo señala como una figura clave en lo que se ha denominado el «caso Koldo».
Revelación de la UCO
El informe de la UCO ha cambiado drásticamente el rumbo de la situación para Ábalos. Este documento sugiere que desempeñó un «papel relevante y de responsabilidad» y también establece vínculos entre él y otros actores implicados en el caso, como el mencionado Koldo García y Víctor de Aldama, un presunto comisionista actualmente en prisión preventiva. La Fiscalía Anticorrupción ha expresado su interés en investigar la participación de Ábalos, afirmando que es «difícil entender» la operativa de la organización sin su colaboración. El PSOE ha reafirmado su compromiso con la «contundencia» ante la corrupción. A pesar de las alegaciones de Ábalos, el partido considera que su defensa ha quedado desfasada por los nuevos datos surgidos de la investigación.
La dirección del partido ha enfatizado la necesidad de mantener el proceso interno a la par de las investigaciones judiciales, asegurando que uno no interferirá en el otro. Además, la decisión de apoyar el suplicatorio para que Ábalos sea investigado por el Tribunal Supremo expone al partido a un mayor escrutinio público.