Imagen: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro económico de Davos. EFE
Este miércoles por la tarde se cierra el plazo para incluir enmiendas en el proyecto de ley que establece una imposición mínima del 15% a las multinacionales. La medida lleva meses de retraso y supone trasponer en el ordenamiento español la directiva europea, algo que tendría que haber sucedido antes de que terminara el año 2023 y que ya le ha supuesto al Ejecutivo una denuncia por parte de Bruselas.
Una de las causas de esta dilación es que el Ministerio de Hacienda ha utilizado el trámite para incluir los mimbres de la pequeña reforma fiscal que hasta este martes por la noche seguía negociándose con los socios de la investidura, aunque todavía sin visos de prosperar. En las conversaciones con los distintos grupos del Congreso de los Diputados, se descontaba inicialmente que incluirían el desarrollo definitivo del tipo mínimo del 15% a los beneficios de las grandes empresas y la transformación en impuestos permanentes en los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas.
En estos momentos, estos impuestos están en el aire, según reconoció el jueves pasado la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y según confirmó este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La razón es que dos de sus principales socios en el Congreso han amenazado con volver romper el bloque de la investidura, el PNV y Junts. Ambas formaciones se han alineado con los intereses de Repsol o Cepsa, que tienen un importante peso en el tejido industrial y el empleo de Euskadi y Cataluña.
España es de los pocos países que faltan por implementar los cambios
La inmensa mayoría de los socios comunitarios ya han implementado los cambios necesarios para operar con las nuevas reglas en 2025 y gravar los ingresos del año ahora en curso. Solo faltan España, Portugal, Chipre y Polonia, quienes fueron llevados hace menos de un mes por parte de la Comisión a los tribunales de la Unión Europea por no haber hecho los deberes.
Los foros económicos internacionales siguen avanzando hacia una fiscalidad más progresiva. Un sistema en el que los que más tienen sean los que más impuestos paguen, porque “es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades […], reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y promover un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo”, según recoge el último comunicado de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-20, publicado el jueves pasado.
Todos los países de este foro que reúne a las principales economías del mundo firmaron este texto, incluso el representante del gobierno de Argentina, que preside el ultraliberal Javier Milei y que se había especulado con que podría bloquearlo. Una amenaza permanente (también por parte de EEUU y de otros países) porque el comunicado incluye dos objetivos progresistas e históricos, que buscan una mayor justicia social. Por un lado, la intención de seguir “trabajando juntos […] en la fiscalidad efectiva, incluida la de las personas con un patrimonio neto muy elevado”.
Por otra parte, el comunicado incide en implantar un impuesto mínimo a las ganancias de las multinacionales para evitar que aprovechen las “lagunas” de las guaridas fiscales y del propio impuesto de Sociedades.
