La familia Pujol, encabezada por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha protagonizado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España. Durante más de dos décadas, los Pujol, con Jordi a la cabeza, habrían gestionado una red de influencias y actividades ilícitas, acumulando una fortuna de casi 300 millones de euros. Este escándalo culminará el próximo año, cuando la familia se enfrente a un histórico juicio en la Audiencia Nacional.
El juicio histórico: la familia Pujol al banquillo
A sus 94 años, Jordi Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional el 10 de noviembre del próximo año, enfrentando cargos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha previsto que el juicio se extienda hasta el 23 de abril, un proceso que podría prolongarse aún más debido a la complejidad de la trama y la magnitud de las pruebas. El tribunal estará compuesto por tres magistradas: María Riera, quien presidirá la sala; María Fernanda García, encargada de redactar la sentencia; y Carolina Rius.
El tribunal ha aceptado la declaración de 39 testigos, incluidos personas clave como Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Jr., cuyo testimonio sobre los viajes desde Andorra con bolsas de dinero negro ayudó a destapar la trama; Lluís Prenafeta, exconsejero de la Generalitat condenado por el «caso Pretoria»; el extesorero de Convergència, Andreu Viloca, investigado en el «caso 3%»; y Germà Gordó, exgerente de CDC, también investigado por la financiación irregular del partido.
Los inicios de la fortuna familiar
Jordi Pujol se mantuvo al frente de la Generalitat de Cataluña desde 1980 hasta 2003, presentándose como defensor del nacionalismo catalán y del autogobierno de la comunidad autónoma. Sin embargo, tras su retiro de la política activa, comenzaron a aflorar indicios de irregularidades financieras y tratos de favor ligados a su gestión.
El primer indicio de la trama surgió cuando, en 2014, Pujol confesó que su familia poseía una cuenta no declarada en Andorra, a la que él atribuía un origen legítimo como herencia de su padre, Florenci Pujol. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta fortuna tiene un origen ilícito, vinculada a actividades corruptas que la familia habría llevado a cabo aprovechando la posición de poder de Pujol en la Generalitat entre 1980 y 2003. Según el juez José de la Mata, la familia utilizó su influencia en el ámbito político, social y económico catalán para acumular un patrimonio desmedido a través de comisiones y operaciones irregulares relacionadas con adjudicaciones y concesiones.
La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 92 años de cárcel para la familia Pujol Ferrusola. La mayor pena solicitada, de 29 años, es para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, acusado de haber gestionado el dinero ilícito en paraísos fiscales y operar a través de sociedades en el extranjero. Para el expresidente, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel por delitos de asociación ilícita y blanqueo. Otros hijos de Pujol enfrentan posibles condenas de entre ocho y 29 años de prisión por los mismos delitos, además de fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes.
Los roles de los familiares en la trama
Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol y apodada la «madre superiora» en algunos documentos interceptados, jugó un papel fundamental en la administración de la fortuna familiar. Utilizando un lenguaje en clave, Ferrusola autorizaba transferencias desde Andorra y gestionaba el patrimonio en secreto, evitando rastros que comprometieran a la familia. Aunque Ferrusola fue apartada del proceso judicial debido a un avanzado Alzheimer, los investigadores aseguran que ella tuvo un rol clave en la organización de las cuentas en el extranjero.
Cada uno de los siete hijos de los Pujol tuvo un papel en la acumulación de la fortuna familiar. Jordi Pujol Ferrusola es considerado el administrador principal del dinero en el extranjero, habiendo participado en operaciones multimillonarias en México, Argentina, Panamá, y otros países, en sectores como el inmobiliario y de infraestructuras. Josep y Pere Pujol también han sido investigados por recibir comisiones derivadas de contratos públicos. Oleguer Pujol, el hijo menor, se dedicó a la adquisición de edificios y propiedades en España, compras que, según las investigaciones, fueron financiadas con dinero de origen sospechoso.
La red de clientelismo independentista: Convergència y los empresarios
La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol creó una red de clientelismo en Cataluña, en la cual el ex presidente y ciertos empresarios afines a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) habrían compartido cuantiosos beneficios derivados de contratos públicos. Esos beneficios se ocultaban a Hacienda y luego afloraban mediante operaciones de blanqueo coordinadas por los Pujol. Según el Ministerio Público, el expresidente acordó con Marta Ferrusola que estos fondos ilícitos se depositaran en cuentas a nombre de ella y sus hijos en Andorra. La Fiscalía asegura que el primogénito, Jordi Pujol Jr., era el encargado de gestionar esos fondos y distribuirlos entre los miembros de la familia.
El impacto de la trama de corrupción de los Pujol ha sido devastador para el nacionalismo catalán, dado que Jordi Pujol era una figura emblemática en la construcción de la identidad catalana, su figura gozó en Cataluña de un importante apoyo electoral y mantuvo un liderazgo político indiscutible en la región durante las últimas dos décadas del siglo XX. Las revelaciones sobre su gestión corrupta y el uso de su influencia para el enriquecimiento personal han empañado de forma irreversible su legado político y han debilitado la credibilidad de las instituciones catalanas.
La Abogacía del Estado, a pesar de no acusar a Jordi Pujol, sí ha pedido 25 años de prisión para su hijo Jordi Pujol Ferrusola y condenas adicionales para otros miembros de la familia y empresarios involucrados en el blanqueo de capitales.
Este juicio histórico será un momento decisivo en la justicia española, ya que permitirá determinar hasta qué punto se produjo un abuso de poder y enriquecimiento ilícito en la cúpula catalana independentista. La historia de la familia Pujol refleja cómo una estructura familiar se convirtió en un sistema de corrupción que influyó en múltiples niveles de la administración catalana, dejando un legado de desconfianza y cuestionamientos sobre el uso del poder en beneficio propio.
