Imagen: Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos-PP
El Partido Popular ha aceptado la petición de Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, de retirar de los presupuestos municipales de 2025 las partidas económicas destinadas a ayudar a ONG que acogen y asisten a inmigrantes en la localidad, a las que se ha apoyado este año con 119.000 euros. Los ‘populares’ necesitan al partido de Abascal para aprobar las cuentas para el año que viene.
La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP), ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que lo único que recogerá el presupuesto de 2025 será una partida para cumplir con la obligación derivada de este año, pues está pendiente de pago el 30 % de las ayudas, a la espera de que justifiquen los gastos, según informa EFE.
Entre las organizaciones afectadas podemos destacar a ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural, que en Burgos atienden a inmigrantes y que el año pasado firmaron nuevos convenios con el Ayuntamiento por valor de 119.000 euros, y que para 2025 verán eliminada esa ayuda. “Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONG hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para VOX”, ha explicado Ballesteros.
La portavoz del equipo de Gobierno ha insistido en que el borrador de presupuestos, presentado esta semana en rueda de prensa por el concejal Ángel Manzanedo, es fruto de “una negociación, no un chantaje ni una amenaza” y ha asegurado que el PP ha negociado, pero no ha exigido nada en esa negociación.
Ballesteros ha detallado que en el borrador presupuestario se mantienen en la misma cuantía que este año las ayudas a cooperación internacional, que también a petición de VOX se redujeron a la mitad, quedando en menos de 500.000.
VOX propuso utilizar a la Policía Local para detectar casos de inmigrantes irregulares
En junio de este año, el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (VOX) presentó una iniciativa por la que se iban a realizar “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”.
En ese momento, los representantes de VOX sostenían que “los motivos para empadronarse son para recibir ayudas, intentar regularizar situación, fraude electoral…hay varias causas todas relacionadas con casos de inmigración ilegal”. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, salió a desautorizar a su socio de gobierno y recordó que ella es la única que puede dar órdenes a la Policía. La idea de VOX fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.
