La Generalitat de Cataluña presentó la semana pasada el plan de independencia fiscal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que aceptar si es que quiere seguir teniendo de su lado a los independentistas catalanes. Así, este documento ha sido titulado como “Financiación singular: propuesta de una financiación justa para Cataluña”.
Este texto conforma las medidas para que Cataluña pueda obtener del Estado las máximas prebendas financieras. Por otro lado, los inspectores de Hacienda has mostrado su rechazo total por la propuesta catalana y la han definido como “inconstitucional”. Así, la portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha declarado de manera contundente que: “Ceder el 100% de los tributos a Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni en la Constitución ni en las normas de desarrollo”.
Los inspectores de Hacienda han explicado que este plan presentado por los independentistas catalanes es ilegal, y que supone la búsqueda de una serie de beneficios para una comunidad autónoma, que es la segunda más rica de España. Además, Cataluña, es también la segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica. Por lo que, el objetivo de este plan sería disminuir al máximo el dinero que comparte con las regiones más desfavorecidas del resto de España.
La propuesta presentada por los catalanes ha sido muy criticada por María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda: “son privilegios que generarán en Cataluña una mayor recaudación y una mayor posibilidad de prestar servicios a los catalanes. A cambio, la región se sale de cinco fondos del Estado comunes perjudicado a las CCAA que menos tienen y a sus ciudadanos”.
Unas declaraciones que señalan de manera clara y directa a la insolidaridad de Cataluña con el resto de comunidades autónomas. Que, no han gustado nada a los creadores de este plan de financiación y que lo han intentado defender: “En ningún caso este modelo comporta ni debe comportar ningún tipo de privilegio para Cataluña, y nada impide que se haga extensible a otras comunidades autónomas”.
La desaparición del fondo de solidaridad interterritorial
Aunque la duda surge si otras comunidades comenzasen a seguir este plan de financiación, como puede ser Madrid, que además es la comunidad autónoma que más dinero aporta al fondo de solidaridad interterritorial. La respuesta es sencilla, el sistema desaparecería por completo, debido a que sería insostenible y provocaría también la desaparición de la Administración General del Estado.
Una teoría que ha alertado a los inspectores de Hacienda y así lo ha explicado la portavoz: “El modelo desaparecería. Sería un cambio radical. Si esto pasara, desaparecería la Administración General del Estado. Si todas las comunidades ricas se quedan con su dinero, pues el Estado se quedaría sin fondos. Sería su desaparición”.
