El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto una investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez a raíz de una denuncia que presentó ‘Manos Limpias’ por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios debido a la relación profesional de Begoña Gómez con una empresa, que luego acabó siendo beneficiada con contratos públicos.
La denuncia que ha presentado este sindicato está basada en informaciones periodísticas y que el instructor Juan Carlos Peinado ha apreciado indicios de presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El juez instructor se ha centrado en la firma de la mujer de Pedro Sánchez en julio del 2020, como codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid, de varias cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso de un ente público.
Hay que recordar que el principal accionista de la UTE es el empresario Carlos Barrabés, quién había participado anteriormente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez. Esta UTE estaba avalada por Begoña Gómez y en total se adjudicaron 10,2 millones de euros en una época en la que la empresa vivía una situación especialmente crítica.
Aunque esta actuación no es la única polémica a la que se enfrenta la mujer de Pedro Sánchez. También está en el punto de mira el acuerdo que firmó en el mismo año con la empresa IE África Center, matriz de AIR Europa. En este contexto, Begoña Gómez se reunió en privado con el consejo delegado de este grupo, Javier Hidalgo. Esta reunión tuvo lugar en las oficinas de la compañía en las mismas fechas en las que Globalia, que estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario con el Gobierno durante la pandemia.
Begoña Gómez benefició a la empresa de Barrabés
La denuncia que ha presentado ‘Manos Limpias’ denuncia los delitos recogidos en el artículo 429 del Código Penal, el cual explica que se perseguirán a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades. Por otra parte, la demanda señala también el delito de corrupción privada, el cual está recogido en el artículo 286 del Código Penal y castiga a las personas que: “prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros”.
Hay que destacar, que otras polémicas que se han conocido de la carrera profesional de Begoña Gómez ha sido que fuera directora de un máster sin tener la titulación necesaria para ello y que en España es imposible dar clase sin tener esta acreditación. También las cartas de recomendación que firmó a varios empresarios han sido muy polémicas y que por lo que se conoce, en ningún otro país se ha visto que la mujer del presidente del Gobierno firme este tipo de cartas para que puedan acceder a fondos públicos.
