Desde el 18 de abril, las universidades estadounidenses se han convertido en escenarios de protestas intensas y, en ocasiones, confrontaciones violentas entre manifestantes y fuerzas del orden. Más de 2.400 estudiantes y 50 profesores han sido detenidos en más de 50 campus universitarios en todo el país, según un informe de la cadena CNN.
Entre los detenidos se encuentran destacados académicos como Annelise Orleck y Steve Tamari, ambos con décadas de experiencia docente a sus espaldas. Orleck, de ascendencia judía, relató haber sido reducida y maniatada por agentes en la Universidad Dartmouth de New Hampshire, mientras que Tamari, de origen palestino-estadounidense, fue detenido durante una manifestación en la Universidad Washington de San Luis, Misuri, mientras grababa las protestas con su teléfono móvil.
Estas detenciones no solo han puesto de manifiesto la intensidad de las protestas, sino también la diversidad de motivaciones detrás de la participación de los profesores. Mientras algunos se unieron para apoyar a sus estudiantes y defender la libertad de expresión, otros lo hicieron por convicción personal.
Las tensiones en el campus se han exacerbado debido a la presión de sectores conservadores, incluidos donantes de las universidades privadas, que critican lo que perciben como una inclinación excesiva hacia el pensamiento progresista o «woke», especialmente en el contexto de los ataques de Hamás desde la Franja de Gaza y las protestas propalestinas.
Las universidades, aunque suelen afirmar su compromiso con la libertad de expresión, también se han visto obligadas a lidiar con el desafío de mantener el orden. En muchos casos, esto ha implicado la intervención de las fuerzas de seguridad para desmantelar acampadas y tomar medidas disciplinarias contra los participantes en las protestas.
Isaac Kamola, director de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, ha destacado que si bien las detenciones de profesores atraen la atención mediática, el verdadero peligro radica en las amenazas más sutiles a la libertad académica, como la censura o las sanciones disciplinarias.
La incertidumbre sobre lo que pueden o no pueden decir los profesores, especialmente aquellos en situación de empleo precario, ha generado un clima de vulnerabilidad y autocensura que contradice los principios fundamentales de la academia. Kamola lamenta que la presencia policial en el campus se haya normalizado, desplazando el debate académico a un segundo plano.
