Setenta asociaciones histórico-culturales se han unido para defender lo que consideran la verdadera historia de España. Bajo el liderazgo de NEOS (Nueva España), estas entidades han suscrito el manifiesto «Unidos por España: una historia para unir, una historia para enseñar». El evento culminante de esta iniciativa tuvo lugar en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde se reunieron para abordar temas sobre la libertad académica y la enseñanza de la historia.
El manifiesto, leído por María San Gil, enfatiza que la historia de España no solo debe servir como un vínculo unificador, sino también como un medio para preservar la paz y la unidad nacional. Se destaca la importancia de conocer la historia común para evitar repetir errores del pasado que han tenido costos elevados para la sociedad española.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la preocupación por la libertad de expresión y la libertad de cátedra, que según el manifiesto están actualmente amenazadas por la politización y los intereses ideológicos. Se enfatiza la necesidad de un ambiente sereno y libre para investigar, exponer y debatir la verdad histórica sin interferencias políticas partidistas.
Jaime Mayor Oreja, presidente de NEOS, destaco la importancia estratégica de estas asociaciones en el futuro de España, especialmente en un momento en que se vislumbra un debate sobre la plurinacionalidad del país y el derecho a la autodeterminación. Esto, según Mayor Oreja, representa una batalla de largo plazo para preservar la unidad nacional frente a fuerzas que podrían dividirla.
Por otro lado, figuras como Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, respaldaron la búsqueda de una historia objetiva y libre de ideologías. Sin embargo, críticos como Pedro Corral denunciaron la erosión de los valores constitucionales desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, argumentando que esta ha polarizado la visión del pasado español y ha desafiado el consenso alcanzado durante la Transición.
El debate también abordó la influencia de las políticas lingüísticas y educativas en varias comunidades autónomas, vistas por algunos como instrumentos de división nacional. Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, fue especialmente duro en sus críticas, calificando estas políticas como una amenaza a la unidad nacional y abogando por la derogación de la Ley de Memoria Histórica en favor de una ley de reconciliación nacional.
