El fenómeno de la okupación sigue siendo uno de los problemas más polémicos en España. Según el último informe del Ministerio del Interior, basado en datos recopilados hasta 2023, se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en el país. Estas cifras, obtenidas del Sistema Estadístico de Criminalidad, reflejan un panorama alarmante, especialmente en provincias como Barcelona y Madrid, que lideran los rankings.
Cataluña, a la cabeza de la okupación
De los datos disponibles, Barcelona destaca con 4.610 casos conocidos de usurpación y allanamiento, lo que la convierte en la provincia con el mayor número de incidentes. Le sigue Madrid con 1.516 casos, mientras que Valencia ocupa el tercer puesto con 828 casos reportados. Estas cifras muestran que las grandes áreas metropolitanas concentran la mayoría de los incidentes, lo que genera preocupación tanto en la ciudadanía como en los gobiernos locales.
En contraste, provincias como Soria y Palencia, con solo 8 casos cada una, y Ceuta y Melilla, con 9 y 11 casos respectivamente, presentan cifras significativamente más bajas. Estas diferencias regionales subrayan la complejidad de abordar la okupación de forma uniforme en todo el país.
Uno de los puntos críticos del problema radica en el tiempo necesario para desalojar a un okupa. Según datos de comunidades autónomas, el proceso puede extenderse durante meses debido a los procedimientos judiciales y los recursos legales de los que disponen los okupas. Mientras tanto, propietarios como el caso de un hombre que sufrió dos okupaciones en 24 horas enfrentan situaciones de indefensión frente a un sistema que muchas veces no ofrece respuestas inmediatas.
El Ministerio del Interior clasifica los incidentes en dos categorías principales:
- Hechos conocidos: Casos reportados por denuncias o detectados por las fuerzas de seguridad.
- Hechos esclarecidos: Situaciones en las que se identifica al autor, ya sea mediante detención, confesión o investigación.
De los 15.289 casos conocidos en 2023, 11.426 fueron esclarecidos, lo que representa un avance significativo, pero aún insuficiente para garantizar la seguridad de los propietarios.
Una problemática en auge
El aumento de casos de okupación ha generado un debate social y político intenso en España. Mientras algunos sectores piden medidas más estrictas para proteger la propiedad privada, otros argumentan que detrás de muchas okupaciones hay situaciones de vulnerabilidad económica que requieren soluciones sociales.
El informe del Ministerio del Interior, que incluye estadísticas desglosadas por provincias, es una herramienta esencial para entender la magnitud del problema. Sin embargo, queda claro que la respuesta institucional debe ir más allá de los números, atendiendo tanto a las víctimas como a las causas estructurales de este fenómeno.
