El Boletín Oficial del Estado publicó este sábado una ley relacionada con el intercambio de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea, que permite a algunos presos de ETA salir de prisión antes de lo previsto al contabilizar las condenas cumplidas en Francia.
A pesar de la aprobación de la ley por parte del Congreso, el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, sostiene que la tramitación de la norma aún no había concluido. El PP ha calificado este avance como un «veto» a su derecho a participar en el proceso legislativo. Ante esta situación, el partido ha anunciado su intención de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
La norma fue enviada al BOE sin una votación formal en el Congreso, algo que el PP considera irregular. Según el artículo 91 de la Constitución, el Rey debe sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en un plazo de quince días, lo que se ha cumplido en este caso. En el texto publicado, Felipe VI destaca que la ley ha sido aprobada por las Cortes, a pesar de las objeciones del Senado.
Implicaciones de la Ley
La disposición clave que permite a los presos de ETA acumular penas cumplidas en otros países europeos fue añadida durante la tramitación de la ley gracias a una enmienda del grupo político Sumar. Este aspecto permite que los terroristas cuenten sus condenas previas en Francia para reducir su tiempo en prisión en España. La implementación de esta medida, entrará en vigor en veinte días tras su publicación en el BOE. El PP ha afirmado que apoyó el texto por error, pero cuando se dieron cuenta de la implicación de la enmienda, ya era demasiado tarde para enmendarlo en el Senado.
Los grupos de víctimas del terrorismo han expresado su indignación, argumentando que la medida trivializa el sufrimiento causado por ETA. En contraste, algunos sectores políticos justifican la ley como un paso hacia la normalización y la reintegración social de los presos.
