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El Gobierno de España tiene previsto aprobar una serie de medidas fiscales en los próximos tres meses que, en la práctica, resultarán en un aumento de impuestos. Estas reformas se implementarán fuera del marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y contribuirán a reducir la brecha de presión fiscal con la Unión Europea, un objetivo que se ha venido persiguiendo desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018.
Reducción de la brecha fiscal con Europa
Desde 2018, el diferencial de presión fiscal entre España y la UE ha disminuido gracias a las sucesivas subidas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo. En ese año, la diferencia era de 5,7 puntos, pero en 2022 se había reducido a 2,7. Sin embargo, este miércoles, el presidente Sánchez informó que el margen actual para elevar la presión fiscal a niveles europeos es de 4 puntos, lo que sugiere que España ha vuelto a distanciarse de la UE tras la reciente revisión al alza del Producto Interior Bruto (PIB) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Revisión del PIB y margen para aumentar la recaudación
La revisión del PIB ha provocado que la ratio de presión fiscal baje, ya que la recaudación se compara con el PIB. Esto ofrece a España un nuevo margen para acercarse a los niveles de la UE. No obstante, fuentes de Hacienda advierten que es necesario esperar los datos de 2023 de Eurostat, ya que otros países también han revisado sus cifras al alza, lo que podría haber reducido la presión fiscal europea.
Nuevas medidas fiscales antes de 2025
Sánchez ya había adelantado su intención de subir los impuestos en su discurso de inicio de curso político, y este miércoles lo ratificó en el Congreso. El Gobierno está trabajando en varias medidas que quiere implementar antes de 2025, independientemente de si logra o no los apoyos necesarios para aprobar unos nuevos Presupuestos.
Entre las reformas se encuentra la aplicación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para multinacionales, como establece una directiva europea que debía haberse adoptado antes de que finalizara 2023. Aunque en 2022 el Gobierno aprobó un tipo mínimo equivalente, la nueva norma comunitaria exige que este se aplique sobre el resultado neto contable ajustado, lo que requiere nuevas medidas complementarias. A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó la norma en julio, su tramitación parlamentaria aún está pendiente, y no se descarta que se utilice para introducir otras reformas fiscales.
Impuestos permanentes para banca y energéticas
Otra de las prioridades del Ejecutivo es convertir los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas en gravámenes permanentes, algo que no se puede hacer en el marco de los PGE. Sin embargo, para ello, el Gobierno necesita el apoyo de sus socios, incluidos Junts y el PNV, que podrían mostrarse receptivos a las quejas de las empresas afectadas.
El sector energético ha sido especialmente crítico, con empresas como Repsol advirtiendo que la inestabilidad fiscal podría influir en sus proyectos en España. Aunque la banca también ha mostrado su descontento, sus beneficios récord, coincidiendo con la subida de los tipos de interés, refuerzan el argumento del Gobierno a favor de estos impuestos.
