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Este jueves, el Gobierno se juega la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa clave comprometida con Bruselas, que debe estar aprobada antes de fin de año para garantizar los fondos europeos. Sin embargo, la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular (PP) pone en riesgo el avance de la ley, lo que podría paralizar el proyecto. Hasta la tarde del miércoles, el Ejecutivo aún negociaba para asegurar los apoyos necesarios y evitar el bloqueo. Vox y Junts, potenciales aliados del PP en la votación, no revelaban su intención de voto, aumentando la incertidumbre.
Propuestas para la movilidad urbana
La Ley de Movilidad Sostenible busca reducir la huella de carbono en el transporte urbano, centrando sus esfuerzos en la promoción de medios de transporte alternativos como la bicicleta, la peatonalización y el vehículo compartido. Además, otorga a los alcaldes la posibilidad de implementar peajes urbanos, y obliga a los municipios a diseñar planes de movilidad sostenible, en los que las zonas de bajas emisiones juegan un papel fundamental. También se exigirá a empresas con más de 250 trabajadores la creación de planes de movilidad para sus empleados. Estas medidas son cruciales para cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia, del cual depende la llegada de los fondos Next Generation a España.
Dependencia de Junts y falta de mayoría parlamentaria
El Gobierno, que ya intentó aprobar esta ley en la anterior legislatura, pero no lo logró debido al adelanto electoral del 23 de julio, vuelve a enfrentar el desafío de reunir apoyos. La norma se aprobó nuevamente en enero, y según el ministro de Transportes, Óscar Puente, había generado consenso entre los grupos parlamentarios, a pesar de haber presentado casi mil enmiendas parciales. Sin embargo, el clima político se ha tensado y la semana pasada, el PP sorprendió con una enmienda a la totalidad que dejó «perplejo» al ministro.
A pocas horas de la votación, el PP no confirmaba si tenía los votos necesarios para aprobar su enmienda, y tanto Junts como Vox evitaban desvelar su posición. En caso de que ambos partidos apoyen al PP, la ley corre el riesgo de decaer. Aunque partidos de la izquierda, como ERC, han criticado la falta de medidas para financiar el transporte urbano, este martes confirmaron que votarán en contra de la enmienda del PP, lo que permitiría que la ley siguiera su curso.
Junts, la llave del futuro de la ley
Si la enmienda a la totalidad no prospera, el ministro Puente ha ofrecido diálogo para negociar las enmiendas parciales. Sin embargo, todo depende de la votación de este jueves. En caso de que la enmienda del PP se apruebe, el proyecto de ley quedaría definitivamente bloqueado.
