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El pacto entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) para la reforma de la Ley de Extranjería parece ser más sencillo de lo que aparenta, pero depende de dos factores clave. Por un lado, se requiere que el Ejecutivo presente una propuesta para redistribuir a los menores migrantes que saturan los centros de acogida en Canarias. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda debe desbloquear la cofinanciación estatal necesaria para que las comunidades autónomas puedan acoger a estos menores, una cifra que el presidente canario, Fernando Clavijo, estima en un máximo de 180 millones de euros.
La financiación, un punto crucial
Los presidentes autonómicos del PP no aceptarán la derivación de más migrantes sin que el Gobierno cubra parte de los costos. Exigen que el Estado asuma un porcentaje considerable, basado en el 100% de las plazas de acogida disponibles antes de la crisis migratoria. Si Hacienda no interviene con nuevos fondos, la posibilidad de alcanzar un acuerdo queda en el aire.
Dentro del propio Gobierno, las opiniones están divididas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trabajado en un documento que asigna el número de menores a cada comunidad autónoma, basándose en los criterios de la Conferencia Sectorial de 2022. Aunque esta propuesta ya está lista, aún no ha avanzado debido a la falta de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, que ha frenado su implementación.
La negociación, a la espera de Hacienda
El documento preparado por Rego fue revelado en una reunión interministerial, donde prometió entregarlo a Clavijo antes de sentarse a negociar con el PP y el Gobierno. Sin embargo, la fecha de esta reunión sigue pendiente del visto bueno de Hacienda. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su disposición a liderar la negociación, pero ha expresado su frustración con la falta de avances en los contactos con Hacienda.
El punto de fricción radica en la liberación de los fondos necesarios para las autonomías, un paso que Hacienda se resiste a dar. La vicepresidenta María Jesús Montero le comunicó a Clavijo que intentaría buscar una solución para aliviar la carga financiera de los menores migrantes, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta concreta.
Presión por el lado humanitario
Sira Rego es quien más insiste en priorizar el lado humanitario de la crisis migratoria, por encima de las cuestiones económicas. Sin embargo, su ministerio ha quedado en segundo plano frente a la postura más rígida del PSOE, liderada por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, quien ha atacado duramente la postura del PP. A pesar de las tensiones, algunas fuentes del Gobierno admiten en privado que alcanzar un acuerdo no debería ser tan complicado como parece.
