El reciente proyecto de reforma legislativa impulsado por el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha generado gran controversia al prever una reducción significativa de las penas de más de 40 miembros de la banda terrorista ETA. Esta modificación beneficiaría a etarras que ya han cumplido parte de sus condenas en Francia, permitiendo que se les resten los años de encarcelamiento en dicho país de las condenas impuestas en España. Entre los posibles beneficiados por esta reforma se encuentran figuras clave de ETA como Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’, y María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’.
Una reforma polémica: antecedentes y consecuencias
La propuesta legislativa fue aprobada en el Congreso de los Diputados en septiembre, bajo el pretexto de una directiva europea sobre el intercambio de antecedentes penales. Sin embargo, la reforma incluye una modificación que afecta directamente al cómputo de las penas de aquellos etarras que cumplieron parte de su condena en otros países de la Unión Europea. Esta medida, según se ha señalado, responde a una de las demandas históricas de EH Bildu, el partido que, junto con otros socios minoritarios, ha sostenido la estabilidad del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.
El Partido Popular (PP), uno de los principales partidos de la oposición, ha criticado duramente esta reforma, anunciando su intención de bloquearla en el Senado. Desde sus filas, la propuesta ha sido vista como una concesión inadmisible a EH Bildu, partido heredero del entorno de ETA, con el fin de mantener su apoyo al Gobierno. Las asociaciones de víctimas del terrorismo, por su parte, han manifestado su indignación, subrayando que se trata de una medida que prioriza intereses políticos sobre la justicia y el respeto a la memoria de las víctimas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha sido una de las primeras en reaccionar a la aprobación de esta reforma legal. En 2022 alertaron de que el Gobierno planeaba modificar la Ley 7/2014 para beneficiar a 44 etarras, de los cuales siete quedarían en libertad inmediata. Consideran esta medida como una traición a las víctimas del terrorismo y una señal de que el Ejecutivo prioriza mantener el apoyo político de EH Bildu a cualquier precio.
Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia ha denunciado que la tramitación de esta reforma en el Congreso pasó prácticamente desapercibida, sin que ningún partido advirtiera de su impacto real.
El impacto en las condenas de los etarras más peligrosos
Uno de los etarras más conocidos que se beneficiaría de esta reforma es Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’, quien fuera jefe del aparato militar de ETA. Txapote, responsable de algunos de los crímenes más atroces cometidos por la banda terrorista, incluyendo los asesinatos de figuras políticas como Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, podría ver reducida su condena significativamente. Tras haber cumplido cerca de siete años en Francia, Txapote quedaría en libertad en 2025, en lugar de cumplir íntegramente su pena en España.
Otro de los terroristas que se vería favorecido por esta reforma es José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’. Fiti, que también cumplió varios años de condena en Francia, fue liberado recientemente y recibido con honores en su localidad natal. Este tipo de homenajes públicos a terroristas liberados ha causado indignación entre las víctimas y sus familiares, quienes consideran estos actos una humillación añadida a su sufrimiento.
María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, exjefa del aparato militar de ETA, es otra de las etarras que podría beneficiarse de la reducción de su condena. Iparraguirre, detenida en Francia en 2004, ha sido condenada a cientos de años de prisión por su participación en diversos atentados, incluido un intento de atentado con coche bomba en 1985. A pesar de que su condena original debería prolongarse hasta 2141, la aplicación de esta nueva legislación podría adelantar su excarcelación.
José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, exlíder del aparato militar de ETA, también figura en la lista de etarras que se verían beneficiados por esta modificación legal. Kantauri está implicado en varios asesinatos, entre ellos el del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y debería cumplir su condena hasta 2032. No obstante, la reforma permitiría que se le descuenten los casi ocho años que cumplió en Francia, lo que adelantaría su liberación a 2025.
Juan Antonio Olarra Guridi, alias ‘Jokin’, es otro de los etarras que vería su pena reducida. Condenado a más de 2.500 años de prisión por su participación en algunos de los atentados más sangrientos de la banda terrorista, como el ataque con coche bomba en el Puente de Vallecas que costó la vida a seis personas, Olarra podría salir de prisión en 2036 si se aplica el cómputo de su condena cumplida en Francia.
Félix Alberto López de Lacalle, alias ‘Mobutu’, es quizá el etarra que más se beneficiaría de esta reforma. Condenado en 2012 a 81 años de prisión por el asesinato de tres guardias civiles en 1980, Mobutu podría quedar en libertad mucho antes de lo previsto si se le descuentan los 23 años que pasó encarcelado en Francia.
Otros etarras con delitos de sangre que se verían beneficiados por la modificación legislativa son: Jesús María Altable Echarte, Álvaro Juan Arri Pascual, José María Arregui Erostarbe, Xabier García Gaztelu, Irantzu Gallastegui Sodupe, José Javier Arizcuren Ruiz, Mikel Mirena Otegui Unanue, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, Francisco Javier Gallaga Ruiz, Juan Carlos Subijana Izquierdo, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi, Óscar Celaráin Ortiz, Juan Carlos Iglesias Chouzas, Andoni Otegi Eraso, José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Dolores López Resina, Juan Luis Rubenach Roig, Beinat Aguinagalde Ugartemendia, Joanes Larretxea Mendiola, Lier Arechabaleta Rodríguez, Gorka Palacios Alday, María Soledad Iparraguirre Guenechea y Jon Bienzobas Arreche.
Y, del mismo modo, aunque sin haber cometido delitos de sangre son: Jesús Guinea Sagasti, Idoya Martínez García, Jon Mirena San Pedro Blanco, Balbino Sáez Olarra, Ainhoa Barbarin Yurrebaso, Aitzol Gogorza Otaegui, Gorka Martínez Ahedo, Ismael Berasategui Escudero, Luis Enrique Garate Galarza, Jon Kepa Preciado Izarra, Gregorio Vicario Setién, Idoia Mendizábal Múgica, Lexuri Gallastegui Sodupe, Manex Zubiaga Bravo, Íñigo Vallejo Franco, Ainhoa García Montero, Jon Joseba Troitiño Ciria, Alaitz Aramendi Jaunarena y Jurdan Martitegui Lizaso.
En resumen, la aprobación de esta reforma legislativa ha generado un profundo malestar entre las asociaciones de víctimas y una intensa controversia en el ámbito político. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende la modificación como parte de un compromiso con la legalidad europea, desde la oposición y el entorno de las víctimas se ve como una cesión injustificable a las exigencias de EH Bildu, que podría permitir la liberación anticipada de algunos de los criminales más peligrosos de la historia reciente de España.
