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La ley de amnistía ha sido el pilar central del mandato de Pedro Sánchez tras quedar en segunda posición en las últimas elecciones generales. Sin embargo, esta medida se ha convertido en el eje de tensión entre el presidente del Gobierno y el expresidente catalán Carles Puigdemont. La votación del techo de gasto, prevista para este jueves en el Congreso, es un escenario clave para el Ejecutivo, que busca desesperadamente evitar el voto en contra de Puigdemont. Según fuentes, Moncloa ha recurrido a todos los canales posibles, incluso a empresarios cercanos al líder independentista, para tratar de convencerlo de cambiar su postura, anunciada la semana pasada a través de redes sociales.
Presiones y amenazas desde Moncloa
A pesar de las declaraciones oficiales que restan importancia a la aprobación del Presupuesto, el Ejecutivo se encuentra en una situación crítica, buscando con urgencia evitar que Puigdemont vote en contra del techo de gasto. Fuentes cercanas a Junts afirman que un enviado de Moncloa ha llegado a amenazar con retirar la ley de amnistía si no se apoya el presupuesto, lo que ha generado un malestar evidente en Puigdemont. Según el expresidente catalán, el Gobierno está utilizando la amnistía como herramienta de presión política para debilitar a su partido y mantenerlo al margen de la escena política.
Desde el entorno de Puigdemont interpretan que el Gobierno está utilizando la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional como un «instrumento de extorsión». El mensaje es claro: si no colaboras, el tribunal podría bloquear la amnistía o, al menos, retrasar su aplicación. Esta incertidumbre sobre los tiempos de resolución del Constitucional, que podrían extenderse más de un año, añade más tensión a las relaciones entre ambos actores políticos.
El riesgo de un adelanto electoral y la falta de presupuestos
El Gobierno también ha advertido que un voto en contra del techo de gasto podría precipitar un adelanto electoral, lo que pondría en peligro la aplicación de la ley de amnistía tanto para los ya beneficiados como para futuros casos. Mientras tanto, el Ejecutivo se prepara para la posibilidad de que el presupuesto no sea aprobado en 2024. En Moncloa ya se baraja la opción de prorrogar los presupuestos de 2023, con la posibilidad de recurrir a un nuevo decreto ómnibus para cubrir áreas esenciales, como ya sucedió este año.
Entre las medidas más delicadas que podrían verse afectadas está la propuesta de Hacienda para convertir los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y los grandes patrimonios en impuestos permanentes. Este proyecto es clave para la base electoral del Gobierno, pero su implementación requeriría una ley específica que podría quedar en el aire sin el apoyo suficiente en el Congreso.
Junts mantiene su postura crítica
El secretario general Jordi Turull, advirtió que su partido volverá a votar en contra del techo de gasto si el proyecto que se presenta es similar al de julio, al que ya se opusieron. En declaraciones desde Girona, Turull dejó claro que su formación no apoyará ninguna propuesta que considere perjudicial para Cataluña, mencionando explícitamente el «déficit fiscal» y la «invasión de competencias». A pesar de los contactos con el PSOE, incluida una reunión reciente en Suiza entre Puigdemont y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el voto de Junts sigue siendo incierto.
