La reunión entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebrada en La Palma, concluyó sin avanzar de manera significativa en la resolución de la crisis migratoria que afecta gravemente a las comunidades autónomas. A pesar de la urgencia y la creciente presión sobre las regiones afectadas, no se lograron acuerdos concretos para abordar el descontrolado flujo de migrantes irregulares que sigue aumentando.
Sánchez evitó dar explicaciones públicas tras el encuentro, delegando la responsabilidad en el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta decisión provocó cierta frustración, ya que muchos esperaban una declaración directa del presidente sobre la reunión y los pasos a seguir. Sánchez, en cambio, optó por emitir un mensaje en las redes sociales en el que instó al Partido Popular a adoptar una postura «cooperativa y a colaborar en la búsqueda de soluciones.
El Gobierno central presentó como única solución la modificación de la Ley de Extranjería, una propuesta que ya se había planteado anteriormente. Torres explicó que la aprobación de un real decreto no es viable debido a la falta de apoyo parlamentario, especialmente tras la negativa de su socio de coalición, Junts.
Según Torres, la única alternativa es una reforma legislativa que requiere el respaldo de las Comunidades Autónomas, muchas de las cuales están gobernadas por el Partido Popular.
Torres también criticó al Partido Popular por su rechazo a la propuesta, a pesar de haber mantenido un diálogo extenso y haber intercambiado documentación. La negativa del PP se basó en la falta de recursos y detalles específicos en la propuesta presentada. Torres subrayó que, a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo, la postura del PP ha impedido avanzar en una solución efectiva para la crisis migratoria.
El Gobierno español anunció que, antes de finalizar el año, destinará 50 millones de euros para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores no acompañados. Este monto, considerado por el Ejecutivo como un «alivio importante», cuenta con el «compromiso» del Ministerio de Hacienda para su liberación. Sin embargo, el Gobierno regional no considera suficiente esta cifra, ya que el número de menores acogidos ha aumentado respecto a años anteriores. Los fondos anunciados ya se habían asignado en 2022 y 2023 para la acogida de niños.
El presidente canario, Fernando Clavijo, subrayó la necesidad de algún tipo de acuerdo para coordinar la protección de los derechos de los menores, destacando que no se trata solo de recursos económicos. En agosto, Canarias recibió 60 menores adicionales, y la llegada de buenas condiciones marítimas en otoño podría desbordar nuevamente la capacidad de acogida.
Clavijo insistió en la urgencia de una «modificación legislativa» que se debe incluir en la agenda de la Conferencia de Presidentes, con una clara definición de la financiación y la creación de normas jurídicas que permitan a las comunidades gestionar recursos y resolver cuestiones relacionadas con la ley de contratos públicos.
A pesar de que Sánchez había anunciado una Conferencia de Presidentes para septiembre, aún no se ha fijado una fecha concreta, aunque se sabe que se celebrará en Cantabria para tratar el tema de la vivienda. Durante su intervención, Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática, sugirió que también se podría abordar la cuestión migratoria en dicha conferencia.
Torres expresó su esperanza de que el foro sea constructivo y facilite acuerdos. Clavijo, por su parte, expresó cierta confianza en que se logrará alguna mejoría sobre la financiación adecuada para las comunidades autónomas de acogida, subrayando que estos son «recursos públicos».
