Cuarenta días después de que el Gobierno anunciara un plan de ayudas millonarias para los afectados por las devastadoras inundaciones causadas por la DANA el pasado 29 de octubre, apenas 819 familias han recibido compensaciones económicas. Las riadas que golpearon a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha dejaron un saldo trágico de más de 220 fallecidos y miles de familias con sus hogares destruidos o seriamente dañados.
De acuerdo con los datos oficiales actualizados al 13 de diciembre, solo se han distribuido 16 millones de euros en ayudas directas a los damnificados. Esto contrasta con las 27.100 solicitudes registradas y la magnitud de las promesas realizadas por el Ejecutivo. Además, el proceso burocrático para acceder a estas compensaciones ha sido señalado como un obstáculo que ralentiza la asistencia a los afectados.
De las compensaciones entregadas hasta ahora, 815 familias han recibido ayudas para reparar daños en sus viviendas y enseres, sumando un total de 16,1 millones de euros. Por otro lado, solo cuatro familias han percibido ayudas por fallecimiento, con una media de 90.000 euros por hogar. En cuanto a las ayudas para autónomos y empresarios, los datos son más alentadores: 19.883 beneficiarios han recibido un total de 249 millones de euros para reactivar sus negocios. Sin embargo, estas cifras reflejan un desequilibrio en la velocidad y alcance de las distintas modalidades de apoyo, dejando a numerosas familias en una situación crítica mientras esperan respuestas.
Promesas gubernamentales y realidad
El pasado 5 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 6/2024, que incluye ayudas de hasta 60.000 euros para la reconstrucción de viviendas y 10.300 euros para reponer electrodomésticos y muebles. El paquete inicial de 10.600 millones de euros destinado a mitigar los efectos de la DANA contemplaba 2.100 millones en subvenciones directas, pero gran parte de la financiación proviene de préstamos avalados por el ICO (5.000 millones) y del Consorcio de Seguros (3.500 millones). Aunque el Gobierno destacó la celeridad con la que actuaría, los hechos muestran una realidad diferente. La mayoría de las familias afectadas aún esperan compensaciones, y el impacto emocional y económico de las inundaciones sigue siendo devastador.
La frustración de los damnificados ha llevado a decenas de personas a manifestarse frente al Congreso de los Diputados, donde presentaron 65.000 firmas exigiendo justicia para las víctimas y responsabilidades por la gestión de la crisis. Los manifestantes denunciaron la falta de consecuencias políticas y penales por las deficiencias en la administración de las ayudas y la respuesta gubernamental a las riadas.
El Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), organismo público financiado por recargos en las pólizas de seguro, ha asumido un papel central en la atención a los afectados. Hasta ahora, ha recibido 225.000 solicitudes de compensación, mayoritariamente por daños en vehículos. El importe abonado asciende a 187,5 millones de euros, mientras continúa tramitando otras 209.000 solicitudes.
Según las estimaciones, el CSS deberá desembolsar un total de 3.500 millones de euros por las indemnizaciones relacionadas con las inundaciones de octubre. Esta cifra representa el 25% de todas las indemnizaciones que el organismo ha otorgado por desastres extraordinarios desde su creación en 1971.
