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Condonación de deuda y Hacienda propia. Esas son las dos condiciones que ha puesto encima de la mesa ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Y, aunque a priori pudiera parecer imposible, lo cierto es que Pedro Sánchez ya ha dado sobradas muestras de que es capaz de todo y más con tal de lograr su objetivo, que no es otro que conquistar el poder y, una vez en él, mantenerse a cualquier precio.
La condonación de deuda autonómica, por mucho que pueda resultar injusta, perjudicial e inmoral, se puede dar por hecha. El Gobierno de PSOE y Sumar aplicará una quita de 15.000 millones de euros al importe que Cataluña adeuda al Estado a través del FLA, el fondo de liquidez extraordinario que se puso en marcha durante la pasada crisis financiera para salir al rescate de las regiones insolventes.
Esta condonación equivale a cerca del 20% de los préstamos facilitados a la Generalidad por parte del Gobierno Central. Y, una vez concedida, lo más probable es que se extienda de una u otra forma al resto de comunidades. La quita total, en este caso, podría oscilar entre los 40.000 y los 90.000 millones de euros, en función de la fórmula a aplicar.
El conjunto de las comunidades
Así pues, una parte sustancial de la deuda que, hoy por hoy, acumulan las diferentes autonomías pasaría a repartirse entre el conjunto de los españoles, con independencia de si esas administraciones territoriales lo han hecho bien o mal a la hora de gestionar sus competencias y recursos. Tanto el mensaje como el incentivo que se lanza a los responsables políticos es lamentable y pernicioso, dado que toda condonación de deuda beneficia en mayor o menor grado a los gobiernos más manirrotos e irresponsables, como es el caso catalán.
La segunda condición implicaría conceder a la Generalidad un régimen fiscal similar al que disfrutan vascos y navarros. Las haciendas forales de País Vasco y Navarra recaudan y gestionan todos los impuestos que se generan en sus respectivos territorios y, a través de una negociación bilateral con el Estado, plasmado en un concierto económico, pagan un cupo al Gobierno Central por las competencias y funciones que presta en ambas regiones. Este cupo, sin embargo, está convenientemente manipulado para que vascos y navarros tengan que pagar menos de lo que, realmente, les corresponde.
El nacionalismo catalán sueña desde hace años con un régimen parecido. De hecho, esta fue la reclamación que, allá por 2012, originó el posterior procés separatista. El problema aquí es que Cataluña pertenece al régimen común, como el resto de autonomías, a excepción de las forales. Y eso significa que el Estado recauda la inmensa mayoría de impuestos y, posteriormente, reparte esos recursos entre las diferentes comunidades en función de una serie de criterios que se fijan en el sistema de financiación autonómica.
Pero, además, se aplica un particular sistema de compensación, bajo el argumento de la “solidaridad interterritorial”, de modo que las regiones más ricas, como Madrid, Cataluña o Baleares, contribuyen a financiar los servicios públicos básicos de las menos ricas. Si Cataluña saliera del sistema, tan sólo caben tres opciones: o Madrid y Baleares tienen que aportar mucho más dinero para compensar la recaudación procedente de Cataluña; o bien el Estado cubre esa diferencia mediante más impuestos y deuda; o bien las regiones receptoras recibirán menos financiación y se verán obligadas a aplicar recortes.
La factura la pagará Madrid
Y, siendo la tercera bastante improbable, todo apunta a que el grueso de la factura la pagarán los madrileños, que son los que más aportan al sistema de financiación, o bien el conjunto de españoles, salvo vascos, navarros y, en tal caso, catalanes. La cuestión es que dicho modelo resultaría insostenible financiera y políticamente a medio plazo, ya que las regiones socialistas, como la asturiana o la manchega, e incluso algunos socios nacionalistas del PSOE, como Compromís o la Chunta, lo rechazarían de plano.
Sin embargo, el verdadero problema de fondo, una vez más, es que resultaría injusto, inmoral y contraproducente. Puestos a conceder un nuevo fuero a Cataluña, éste debería extenderse a todas las regiones por igual, sin distinción. El sistema autonómico no ha terminado de funcionar correctamente a nivel económico y presupuestario porque, si bien las regiones han ido asumiendo cada vez más competencias, carecen de los recursos necesarios para gestionarlas. Hoy por hoy, el Estado recauda y las autonomías gastan, de modo que, en última instancia, no se responsabilizan de la buena o mala gestión que lleven a cabo. Lo hagan bien o lo hagan mal van a recibir el mismo dinero.
Por el contrario, debería primar la corresponsabilidad fiscal. Es decir, las regiones deberían recaudar y gestionar sus propios impuestos para financiar los servicios públicos sobre los que tienen competencias, tales como sanidad, educación, justicia o servicios sociales, entre otros. El modelo foral ha funcionado mucho mejor que el régimen general durante la democracia. Y, si bien no está exento de defectos, como el cálculo del cupo y, por tanto, su contribución al resto del país, estos tendrían fácil solución mediante la fijación de criterios objetivos y, sobre todo, transparentes. Suiza o Estados Unidos son, igualmente, ejemplos positivos a tener en cuenta en materia de federalismo fiscal.
Lo que no tendría un pase desde el punto de vista jurídico, y, además, resultaría insostenible, sería el “federalismo asimétrico”, sacando de la ecuación a Cataluña por el mero hecho de investir a Illa presidente de la Generalidad y, de este modo, contribuir al mantenimiento de Sánchez al frente de la Moncloa. O todos o ninguno.
