El Tribunal Constitucional (TC) discutirá hoy la recusación presentada por el Partido Popular (PP) contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, a quien el partido busca apartar del debate sobre la Ley de Amnistía. La magistrada María Luisa Balaguer, encargada de la ponencia, propone rechazar la recusación argumentando que no existen razones fundadas para excluir al exfiscal general del Estado de las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la norma.
Controversia por el procedimiento de recusaciones
Más allá del resultado de la recusación, el foco está en la polémica surgida entre los magistrados progresistas y conservadores sobre la forma en que se tramitan las recusaciones. En lugar de abordarlas en bloque, como es habitual, el TC ha optado por resolverlas de manera individual. Aunque en un caso anterior sobre las abstenciones del exministro Juan Carlos Campo participaron todos los magistrados, esta vez los recusados, incluido Conde-Pumpido, quedarán fuera de las votaciones. Esto reduce el quórum a ocho jueces: cuatro conservadores y cuatro progresistas, entre ellos la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, quien tiene el voto de calidad en sustitución del presidente.
Quejas del bloque conservador
Los magistrados conservadores han expresado su malestar por el tratamiento de las recusaciones, advirtiendo de un posible «fraude de ley». José María Macías, uno de los magistrados recusados, argumenta que si se desestima la recusación contra Conde-Pumpido, éste podría participar en la votación sobre las recusaciones de otros magistrados, incluido el propio Macías. Esto generaría una situación en la que los jueces recusados tendrían influencia sobre las decisiones relacionadas con otros recusados, lo que, según Macías, podría dar la sensación de que se busca manipular el quórum para garantizar una mayoría favorable.
La importancia del voto de calidad en el debate sobre la Ley de Amnistía
La recusación de Macías es la más controvertida, ya que está basada en su participación como vocal en informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contrarios a la Ley de Amnistía. Si se le aparta, el bloque progresista quedaría con seis magistrados frente a cinco conservadores, lo que convertiría el voto de Conde-Pumpido en decisivo para dirimir la constitucionalidad de la ley. Esto recuerda a la situación del expresidente del TC, Manuel García Pelayo, cuyo voto de calidad fue crucial en la validación de la expropiación de Rumasa por el Gobierno de Felipe González.
Si el Pleno decide hoy resolver solo la recusación contra Conde-Pumpido, quedarán pendientes otras nueve recusaciones contra el presidente que se debatirán en sesiones posteriores. Algunos magistrados conservadores podrían apoyar el rechazo a la recusación, pero matizando su voto en desacuerdo con el procedimiento de resolver las recusaciones de forma individual. Tanto el PP como Macías insisten en que los jueces recusados no deberían votar sobre otros recusados, y critican que este proceso fragmentado podría dar lugar a «Plenos a la carta» que favorezcan determinadas decisiones en un asunto de gran relevancia política.
