El partido Iustitia Europa ha elevado una denuncia formal ante las instituciones de la Unión Europea, señalando un ataque directo a la independencia judicial por parte del presidente Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. La denuncia, dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, resalta la preocupación por el uso de los servicios jurídicos del Estado para presentar querellas contra un magistrado involucrado en la investigación de Gómez por presunto tráfico de influencias.
Acusaciones de Iustitia Europa
Iustitia Europa, que actúa como acusación popular en el caso, ha destacado que las acciones del presidente del Gobierno, junto con la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado, constituyen una presión indebida sobre el sistema judicial. Según el partido, estas acciones superan lo que sería una crítica racional a las decisiones judiciales que podrían ser desfavorables, y se consideran un intento directo de influir en la independencia del poder judicial español.
La misiva enviada a las instituciones europeas es la segunda de este tipo que se hace pública, después de que la Asociación Profesional de la Magistratura también expresara su preocupación por lo que consideran un exceso inaceptable en una democracia plena. Iustitia Europa argumenta que tanto el presidente como su esposa están comprometidos en una «lucha furibunda contra la independencia del poder judicial», acusando a las autoridades de despreciar las instituciones y de intentar limitar la capacidad del poder judicial para ejercer su autoridad de acuerdo con las normas constitucionales.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Prado, ha calificado las acciones del presidente y su esposa como «amenazas muy graves e inminentes contra la democracia», al presentar querellas contra el magistrado instructor del Juzgado número 41. Según la carta dirigida a las instituciones europeas, estas acciones buscan socavar la independencia del poder judicial en España, y la Comisión Europea debe intervenir con urgencia para enfrentar estas amenazas, ya que España se encuentra «al borde de una crisis institucional sin precedentes».
Prado insiste en que estas acciones son intolerables dentro de la Unión Europea y cualquier democracia que se precie, afirmando que el presidente del Gobierno «ha traspasado todos los límites democráticos». Iustitia Europa urge a la Comisión Europea a actuar rápidamente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, tal como están garantizados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el Tratado de Funcionamiento de la UE y la Constitución Española.
La carta concluye con un llamado a la presidenta Von der Leyen para que tome medidas en defensa de los intereses de los ciudadanos, destacando que se está atentando contra la Constitución y el marco legal de España.
