El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha pedido que se active el Mecanismo Europeo de Protección Civil que ofrece apoyo logístico al terreno afectado, en este caso la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Hadja Lahbib, candidata a la comisaria de Gestión de Crisis, Ayuda Humanitaria e Igualdad, ha confirmado este miércoles que el Gobierno de España todavía no ha solicitado ayuda de protección civil y ha explicado que: “Si no lo ha hecho, será porque no lo necesitará”.
Rosa Estarás, eurodiputada del PP, ha señalado que “ningún país puede abarcar una emergencia solo, y menos una región”. También ha recordado que ha existido un problema de preparación prevención de los riesgos y las posteriores consecuencias de la DANA. También ha exigido el refuerzo inmediato de este mecanismo, así como de los fondos rescUE, para mitigar los efectos de la DANA que ha afectado a miles de ciudadanos en Valencia y regiones colindantes.
Pedro Sánchez no ha pedido efectivos para que participen en los trabajos de retirada de escombros y reconstrucción de las infraestructuras valencianas. Lo que sí ha pedido de manera formal a Bruselas ayuda al Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a los estragos provocados por la DANA. Sánchez ha señalado que desde el PSOE: “Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad”.
Sánchez no ha pedido ninguna ayuda a la UE para reconstruir Valencia
El presidente del Gobierno ha señalo: “como sabe Europa, España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta. Y ahora, lógicamente, es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros”. EL FES cuenta con un fondo económico de hasta 1.144 millones de euros anuales a la que se puede recurrir en casos de catástrofes naturales como la provocada por la DANA en Valencia, pero cuyo desembolso no es inmediato, sino que puede demorarse algunos meses.
Para que España pueda acceder a este fondo económico europeo, las autoridades españolas deben presentar una solicitud en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe, un primer paso que ya habría dado el Gobierno español.
El siguiente paso es que la Comisión Europea tiene que evaluar esta solicitud y, una vez aceptada, proponer un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo. Aunque el importe que se da en las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectado y, una vez adoptada, esta deberá utilizarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Comisión desembolse el importe total.