El alcalde de Barcelona, Jaume CollboniLorena Sopêna Europa Press
Este viernes han llegado dos noticias importantes provenientes del Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda. La primera es la eliminación de todos los pisos turísticos de la ciudad dentro de cinco años; en concreto, 10.000. Para hacerlo, el alcalde Jaume Collboni echará mano de la regulación aprobada por la Generalitat al respecto, que deja en manos de los ayuntamientos mantener o no los pisos turísticos, pero obliga a esperar cinco años para tomar esa decisión. Así lo ha advertido Collboni en una sala llena, con una treintena de altos cargos y asesores de su Gobierno.
De esta manera, Collboni se desmarca de lo que su partido, el PSC, votó en el Parlament en contra de regular los alquileres por temporada. De hecho, el Ejecutivo catalán defendió que existía una relación entre la disminución de oferta de alquiler y el incremento de los pisos turísticos. Aseguraba que esta tendencia dificultaba “aún más el acceso de las personas y las familias a una vivienda habitual en un crecimiento de la demanda de alquiler”.
El alcalde también ha explicado que Barcelona “lleva años trabajando” para limitar las viviendas de uso turístico, y ha hecho referencia al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), según el cual les ha servido para “fijar un tope y batallar contra la actividad ilegal”. Por eso, en la próxima revisión del plan, se eliminará la categoría de uso turístico, que pondrá fin a este tipo de viviendas “en noviembre de 2028”, se ha atrevido a especificar Laia Bonet, la primera teniente de alcaldía.
Collboni se subyuga al sector inmobiliario
La segunda medida que ha anunciado Collboni ha sido la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau, que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social.
En este sentido, el alcalde ha justificado la decisión alegando que este 30% ha provocado duras críticas del sector inmobiliario y ha generado pocas viviendas. “Es una medida que avalamos en su momento, pero no ha conseguido su objetivo”, ha dicho.
Esta norma impulsada por Colau obligaba a los promotores que hacen obra nueva o grandes rehabilitaciones en edificios con más de 600 metros cuadrados, a que destinen un 30% de las viviendas a alquiler social.
Por eso, la modificación de Collboni para por permitir agrupar las reservas de vivienda social en un solo edificio, y que no en las mismas escaleras convivan viviendas de precio de mercado y otras a nivel asequible.
Las dos medidas necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC.
