Imagen: Oficina de Correos-EFE
El presidente de Correos, Pedro Saura, sigue adelante con su plan para evitar la quiebra de la empresa. El directivo, que logró el visto bueno de la SEPI y del Gobierno a su nuevo Plan Estratégico 2024-2028 el pasado mes de julio, ha convocado a los sindicatos a varias reuniones hasta fin de año para diseñar el nuevo marco laboral de la compañía postal, uno de los ejes sobre los que espera sustentar la recuperación del negocio.
Si bien la nueva estrategia de Correos contempla reforzar el servicio postal en el mundo rural, impulsar la paquetería y diversificar ingresos prestando los denominados «Servicios de Interés Económico General» (trámites administrativos o servicios financieros básicos), tanto Saura como los sindicatos han constatado que es necesaria la renovación gradual de la plantilla, muy envejecida, con una media de 52 años, para adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías que pretende implementar.
Para ello, Saura ha anunciado la reapertura de la comisión negociadora de su IV Convenio Colectivo, suspendida desde 2014. Deberá abordar el diseño de lo que la empresa considera “plan de personas”, que incluye prejubilaciones y salidas de personal para reducir la masa salarial, además de contratar nuevos tipos de trabajadores, para adaptarse a los cambios que pretenden implantarse.
Claves del acuerdo
En este sentido, el pacto abre la puerta a un plan de bajas voluntarias para el personal laboral fijo que tenga al menos 61 años y a un plan de excedencias voluntarias para el personal funcionario.
Respecto al personal laboral fijo, el texto establece tres colectivos con condiciones diferenciadas. Por un lado, los mayores de 65 años, que podrán acceder a la jubilación ordinaria cumpliendo los requisitos de edad y cotización, cobrando una compensación equivalente a un año del salario bruto anual por un máximo de 50.000 euros.
Por otro lado, los fijos que tengan entre 63 y 65 años que cumplan las condiciones podrán acogerse a la jubilación anticipada. Tendrán derecho a una pensión de jubilación y a una compensación adicional hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria por el equivalente al salario bruto anual, también por un máximo de 50.000 euros.
Finalmente, los fijos menores de 63 años se podrán incorporar al sistema al cumplir 61 años. Entre las condiciones que se deben negociar a partir de ahora está la extinción del contrato de trabajo de mutuo acuerdo a partir de los 61 años con un plan de rentas que garantice hasta el 80% del salario bruto anual.
Respecto al personal funcionario, el acuerdo menciona la posibilidad de estudiar un programa para facilitar su movilidad a otros ministerios, «diseñando las condiciones económicas para dicha movilidad».
El texto también contempla la elaboración de un plan para la implantación progresiva de la jornada de 35 horas semanales. Para ello, se debe elaborar un calendario estacional donde las horas por jornada sean variables en función de la carga de trabajo prevista en cada estación. Además, también se abre la puerta a implantar una jornada de cuarto turno, de martes a sábado tarde «en aquellas unidades operativas donde las necesidades del servicio lo aconsejen, remunerando a las personas afectadas por dicho turno».
