En un intento por abordar la creciente crisis migratoria, el Gobierno de Canarias y el de España han puesto en el punto de mira el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que se centra en la protección y el retorno de menores inmigrantes no acompañados. La reciente propuesta de reforma, presentada por el PSOE, Sumar y CC, fue rechazada en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de Vox, Junts y PP.
El artículo 35 establece las bases para la atención de menores migrantes no acompañados, incluyendo la prevención de la inmigración irregular, el retorno de los menores a sus países de origen y su protección en España. Este artículo especifica que la responsabilidad de la atención inmediata recae en los servicios competentes de protección de menores de la comunidad autónoma donde se encuentren.
El Gobierno de Canarias, al ser una de las regiones más afectadas por la llegada de estos menores, está abrumado por la capacidad de sus centros de acogida, que actualmente albergan a unos 5,500 menores. De estos, solo el 1% ha sido acogido por familias.
La reforma propuesta busca establecer una distribución más equitativa de la acogida de estos menores entre todas las comunidades autónomas en situaciones de emergencia, específicamente cuando la capacidad de acogida en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla se vea superada en un 150%. El objetivo es aliviar la presión sobre estas regiones y asegurar una atención adecuada a todos los menores inmigrantes.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado la posibilidad de implementar esta reforma vía decreto, enfatizando la necesidad de un consenso amplio para abordar la crisis migratoria. Sin embargo, la propuesta no logró obtener el respaldo necesario en el Congreso.
Vox, Junts y PP se opusieron firmemente a la reforma. Vox manifestó su rechazo inamovible desde el principio, mientras que Junts exigió condiciones que el Ejecutivo de Sánchez consideró inaceptables. Por su parte, el PP mantuvo intercambios con el Gobierno hasta el último momento, pero finalmente votó en contra.
¿Qué implica este cambio en el artículo 35?
La modificación del artículo 35 busca mejorar el sistema actual, que incluye la determinación de la edad de los menores, la coordinación con las representaciones diplomáticas para evaluar las circunstancias familiares y la posible repatriación o permanencia en España.
Uno de los puntos clave es que se reconozca la residencia regular de los menores tutelados por una administración pública, lo que facilitaría su integración y acceso a derechos. Además, se plantea la necesidad de establecer convenios con organizaciones no gubernamentales y entidades dedicadas a la protección de menores para asegurar una tutela adecuada.
El rechazo en el Congreso pone de manifiesto las dificultades para alcanzar un consenso sobre la gestión de la crisis de inmigración y la protección de los menores no acompañados.
