En las últimas semanas, la Guardia Civil ha intensificado las investigaciones en varias dependencias municipales de Las Palmas, en el marco de la denominada Operación Valka. Esta operación indaga en posibles delitos relacionados con el urbanismo, incluyendo prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Entre los objetivos de los registros se encuentran la gerencia de Parques y Jardines y la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas (Geursa), una entidad completamente participada por el Ayuntamiento.
La Operación Valka es una pieza separada de una investigación anterior que se centra en irregularidades urbanísticas en Tamaraceite Sur. Esta investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por la asociación de vecinos Rehoyas Avanza, que señalaba irregularidades en las permutas de terrenos en la zona. La preocupación de la asociación es que estas prácticas puedan replicarse en otros barrios de la ciudad, como el suyo.
Adjudicaciones sospechosas
Uno de los proyectos clave que están bajo escrutinio es el de Metroguagua, una obra que debía haberse completado en 2017 pero que, hasta la fecha, ha costado más de 180 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado. Las autoridades están investigando si hubo adjudicaciones fraudulentas de encomiendas de obras y contratos, y si se favoreció ilícitamente a ciertos empresarios a través de decisiones urbanísticas contrarias al interés general.
Entre los cinco investigados por estas presuntas irregularidades se encuentran cuatro empleados públicos, uno de los cuales ya está jubilado, y el empresario Felipe Guerra. Este último ha sido vinculado a Miguel Ángel Padrón, antiguo jefe de Parques y Jardines, con quien compartió sociedad en la empresa EsVertical. Aunque no se ha encontrado ninguna adjudicación directa a esta empresa, sí se han identificado varias subcontrataciones a su favor, incluso después de que la empresa fuese disuelta en 2021.
Presión sobre Darias
La oposición, especialmente el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), ha criticado duramente a Carolina Darias por su aparente falta de acción frente a las crecientes acusaciones y las investigaciones en curso. David Suárez, portavoz de CC, ha calificado de «sorprendente» que la alcaldesa no haya tomado medidas , a pesar de tener conocimiento de que se han adjudicado contratos con la sociedad que ahora está bajo investigación.
El PP, por su parte, ha sido especialmente crítico. Jimena Delgado, portavoz popular, ha señalado que la alcaldesa ha tratado de desviar la atención al afirmar que las irregularidades se remontan a la época del PP, cuando José Manuel Soria era alcalde. Sin embargo, los investigadores han puesto el foco desde 2008, cuando Darias ocupó cargos clave en el Ayuntamiento, incluyendo la dirección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
