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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un contundente informe ante el Tribunal Constitucional para defender la ley de amnistía frente a la impugnación del Tribunal Supremo. El escrito, elaborado por el fiscal jefe ante el Constitucional, Pedro Crespo, solicita que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo sea rechazada, ya sea por cuestiones formales o, en su defecto, por la falta de fundamento jurídico en las objeciones de fondo.
Con 49 páginas, el documento responde con firmeza y sarcasmo a los argumentos esgrimidos por la Sala de lo Penal contra la ley. Este recurso será el primero que el Constitucional deberá analizar sobre una de las leyes más controvertidas del actual Gobierno de Pedro Sánchez, crucial para lograr el apoyo de los diputados de Junts en la reciente investidura.
Argumentos del Supremo carecen de precisión jurídica
En su respuesta, la Fiscalía critica al Supremo por no especificar claramente los preceptos legales cuya constitucionalidad cuestiona. Además, subraya que muchos de los argumentos presentados tienen un carácter más ideológico y político que jurídico. Según el Ministerio Fiscal, el Supremo no plantea una duda legítima sobre la constitucionalidad de la ley, sino que rechaza directamente su existencia y, en última instancia, la decisión política de aprobarla. Este enfoque, a juicio de la Fiscalía, debería ser motivo suficiente para que la impugnación fuera desestimada.
La amnistía no se limita a transiciones democráticas
El fiscal rechaza el argumento de que las leyes de amnistía solo pueden justificarse en contextos de transición de una dictadura a una democracia. Según el escrito, otras razones de orden político o social también podrían legitimar el uso de la amnistía, en consonancia con los principios constitucionales. La Fiscalía considera que el Tribunal Supremo no aporta razones suficientes para excluir esta posibilidad.
El informe también critica la caracterización del Supremo de los hechos del procés como un «golpe de Estado». Según la Fiscalía, esta interpretación sobrepasa incluso las conclusiones de la propia sentencia del juicio del procés, que describía los hechos como una “ensoñación”. El fiscal sostiene que el Supremo no ha explicado adecuadamente por qué debería aplicarse un estándar distinto a la amnistía concebida para otros fines políticos o sociales.
Interpretación errónea del preámbulo de la ley
Otro punto de discordia se centra en la interpretación del preámbulo de la ley de amnistía. La Fiscalía considera que el Supremo ha malinterpretado el espíritu de la norma, al sugerir que responde a una reacción contra una injusticia cometida por los poderes públicos. El fiscal advierte que este enfoque contamina el análisis de la constitucionalidad de la ley, ya que se presenta desde una perspectiva emocional o incluso de ofensa hacia la norma, lo que debería ser ajeno a un juicio de constitucionalidad.
