El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta una imputación sin precedentes en la democracia española: el Tribunal Supremo investiga su presunta implicación en un delito de revelación de secretos. Este caso gira en torno a la filtración de correos electrónicos relacionados con la investigación por fraude fiscal y falsedad documental contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está acusado de utilizar facturas falsas y empresas pantalla para evadir impuestos por 350.951 euros en 2020 y 2021. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía, generó una fuerte controversia cuando surgieron publicaciones en medios como El Mundo, que sugerían que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario para evitar el juicio. Según las notas de prensa posteriores, fue la defensa de González Amador quien propuso el acuerdo, admitiendo los delitos y ofreciendo satisfacer las cantidades defraudadas.
La nota de prensa y la controversia
El 14 de marzo de 2024, la Fiscalía emitió un comunicado desmintiendo los rumores sobre un supuesto pacto propuesto por ellos. En este texto se incluyeron referencias a los correos electrónicos intercambiados entre las partes, lo que desencadenó una denuncia por parte del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta entidad, el comunicado excedía los límites del deber de información, aunque el Tribunal Supremo ha descartado que los datos del comunicado constituyan un delito de revelación de secretos.
El problema radica en la filtración previa de los correos electrónicos a los medios de comunicación. El Mundo publicó fragmentos de estos correos el 13 de marzo, y poco después, la Cadena SER difundió más detalles. Estas filtraciones ocurrieron antes de la publicación del comunicado oficial, lo que llevó al Supremo a investigar si García Ortiz, o alguien de su entorno, divulgó la información confidencial.
El fiscal general ha admitido que la nota de prensa fue autorizada por él, pero niega haber filtrado los correos electrónicos a los medios. Estos correos, en los que González Amador reconocía los delitos fiscales y proponía un acuerdo con la Fiscalía, estaban en posesión de varias personas, entre ellas la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto Torres. Según el Tribunal Supremo, el acceso a estos documentos se produjo poco antes de que se publicaran en los medios.
Los magistrados señalan que existe una posible «lesividad» en la divulgación de los correos, ya que podría haber afectado el derecho de defensa de González Amador. Sin embargo, el Supremo también reconoce que resulta complejo determinar si la publicación causó un perjuicio tangible en este caso.
Las nuevas acusaciones del PP: «Obstrucción a la Justicia»
El Partido Popular acusó al fiscal general del Estado de cometer un delito de «obstrucción a la Justicia» tras conocerse que García Ortiz reemplazó su teléfono móvil una semana después de que el Tribunal Supremo lo imputara. La denuncia se basó en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que confirmó este hecho.
Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, afirmó en un acto público en Fuengirola (Málaga) que esta acción constituye un intento de entorpecer la investigación judicial. «Eso en España y en Pekín es obstrucción a la Justicia», declaró. También denunció que el PSOE utiliza La Moncloa como «sede de la guerra sucia contra los adversarios políticos de Sánchez».
«Utilizaban La Moncloa para ir contra propios y ajenos. Era la sede de la guerra sucia. ¿Y quién era el cooperador necesario? Era el fiscal general del Estado, que nunca en democracia había sido imputado. Cometió un delito de revelación de secretos y luego le dio un cambiazo al móvil cuando se entera de que le están investigando», declaró Bendodo.
El vicesecretario también deploró que estos hechos son «el mundo al revés» y reflejan «el sanchismo en estado puro». En tono irónico, afirmó que el Gobierno podría necesitar un calendario adicional para marcar los días en que sus miembros y personas de su entorno deben comparecer ante el juez.
