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13 Sep 2024
13 Sep 2024
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Los casos de corrupción de la administración de Darias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, enfrenta presión por dos investigaciones de presunta corrupción en su administración

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, enfrenta presión por dos investigaciones de presunta corrupción en su administración. La oposición ha exigido medidas inmediatas mientras la Guardia Civil ha realizado varios registros en dependencias municipales.

Las permutas de Tamaraceite Sur

a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación de Vecinos Rehoyas Avanza, la Guardia Civil llevó a cabo registros en las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) de Las Palmas de Gran Canaria como parte de una investigación en curso sobre posibles delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. La asociación cuestionaba en su escrito ciertas permutas de suelo realizadas en la zona de Tamaraceite Sur y se centra en la oposición a la reposición de viviendas en buen estado en el barrio de Las Rehoyas. Esta denuncia se presentó inicialmente ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que posteriormente remitió el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente para una investigación más detallada.

La denuncia alega que entre 2002 y 2021 se llevaron a cabo una serie de operaciones supuestamente fraudulentas, incluyendo convenios urbanísticos, acuerdos, proyectos de expropiación y permutas de terrenos en Tamaraceite Sur. Según las fuentes locales, las sospechas se centran en la posible falta de existencia física real de algunas parcelas involucradas en las permutas de terrenos, lo que podría indicar irregularidades significativas. Además, se menciona la posible disposición falsaria de segregaciones urbanísticas en la finca de Tamaraceite Sur, que habría sido objeto de una doble inmatriculación. Esta maniobra habría permitido el intercambio de terrenos con beneficios específicos para los técnicos de Geursa y para la empresa Guerra Patrimonial FGG, lo que habría resultado en una pérdida de patrimonio para el Ayuntamiento y un beneficio privado indebido.

El Partido Popular (PP) ha sido particularmente crítico, acusando a Darias de no hacer lo suficiente para abordar las irregularidades. Han solicitado una revisión detallada de los expedientes afectados y se han personado en el caso para garantizar transparencia.

Operación Valka

La Operación Valka surge como una extensión del caso anterior por nuevos hechos descubiertos durante los registros en la sede de Geursa, que revelaron que las irregularidades podrían también afectar a otros proyectos importantes de la ciudad, como la MetroGuagua, lo que motivó la presentación de una querella. La denuncia inicial se dirigió contra dos técnicos del Ayuntamiento y el representante de la empresa Guerra Patrimonial FGG, quienes son tres de las cinco personas actualmente investigadas por el magistrado Rafael Passaro Cabrera, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas. Los posibles delitos incluyen prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. El Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas y las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo están liderando la investigación.

La alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, ha expresado su disposición a colaborar con la investigación y ha solicitado prudencia, enfatizando que se actuaría según las directrices de la justicia. Recientemente, el Ayuntamiento ha mostrado su disposición a colaborar tras el registro de las oficinas de Geursa y la investigación de las cinco personas implicadas.

El Partido Popular (PP) ha anunciado que se personará en la causa debido a la gravedad de los delitos investigados, como prevaricación y malversación, argumentando la importancia de la responsabilidad municipal. Por su parte, Coalición Canaria (CC) ha solicitado una revisión exhaustiva de las parcelas expropiadas en Tamaraceite Sur para verificar posibles fraudes relacionados con el caso Valka.

Vox también está considerando solicitar su personación como acusación popular, subrayando que la investigación afecta a administraciones de distintos partidos, tanto del PP como del PSOE. La denuncia inicial de Las Rehoyas Avanza ha sido clave en el avance de la investigación.

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