Imagen: el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres I EFE
En febrero de 2022, el Gobierno de Canarias informó a Hacienda sobre la adquisición de 4,7 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al denominado «caso Koldo». Esta compra, realizada en plena pandemia, fue confirmada por el Servicio Canario de la Salud, que respondió a un requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La respuesta reveló que, de las mascarillas adquiridas, 837.800 resultaron defectuosas y no cumplieron con los estándares de las FFP2.
Las condiciones de la compra y el contexto fiscal
Según el informe remitido por el Gobierno canario, las mascarillas fueron adquiridas en dos pedidos, realizados en abril y mayo de 2020, por un total de 11,85 millones de euros. En el primer pedido, por 6,8 millones de euros, se compraron 2,7 millones de mascarillas, de las cuales, como se mencionó, una porción significativa fue considerada no apta. Para subsanar la falta de calidad, la empresa contratada valoró las mascarillas defectuosas como quirúrgicas y completó el pedido con otro tipo de cubrebocas.
La compra fue recomendada por el Ministerio de Transportes, que ya había contratado con Soluciones de Gestión a través de Puertos del Estado y Adif. En aquel momento, el Gobierno de Canarias ya sabía que la Agencia Tributaria estaba investigando a la mercantil de Luis Cueto, aunque aún no se había iniciado una investigación penal formal.
La falta de documentación y las sospechas de la UCO
Las dudas sobre estos contratos se intensificaron cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió sobre la falta de documentación que justificara las condiciones de la adjudicación a la empresa en cuestión. Según un informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2022, no se presentaron pruebas de que existiera una comunicación formal entre el Servicio Canario de la Salud y Soluciones de Gestión, lo que levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Los investigadores señalaron que, si bien los contratos se realizaron bajo la figura de emergencia, que permite agilizar el proceso de adjudicación, las irregularidades eran evidentes. A pesar de que la firma de Zaragoza no contaba con experiencia previa en el sector sanitario, se le adjudicaron contratos millonarios, lo que generó interrogantes sobre la legalidad del proceso.
El vínculo con el Ministerio de Transportes y las investigaciones en la Audiencia Nacional
La investigación en la Audiencia Nacional ha ido despejando parte de las dudas. Los primeros contactos con el Ministerio de Transportes, liderado por José Luis Ábalos en ese momento, facilitaron la entrada de Soluciones de Gestión en el mercado de suministros para la pandemia, logrando contratos por valor de 54 millones de euros. Según los investigadores, la falta de documentación y las negociaciones informales explican la ausencia de pruebas sobre cómo se adjudicaron estos contratos, ya que las recomendaciones fueron verbales.
El magistrado Ismael Moreno, que dirige la investigación, ha señalado que existió un acuerdo previo entre los implicados para adjudicar el suministro de material sanitario a esta empresa, antes de que el proceso fuera oficializado. Además, los correos electrónicos incautados entre Puertos del Estado y ADIF evidencian que se recibieron mejores ofertas de otras empresas, pero que el contrato ya estaba dirigido a Soluciones de Gestión.
Las denuncias y las conversaciones con Torres
En una comisión de investigación del Senado, el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres negó cualquier vínculo con los investigados y rechazó las acusaciones de recibir sobornos. No obstante, los mensajes interceptados por la UCO entre uno de los empresarios de la trama, Ignacio Tapia, y Torres, sugieren que el mandatario canario estuvo al tanto de negociaciones relacionadas con la compra de test PCR durante la pandemia.
Por otro lado, el empresario Víctor de Aldama, quien colabora con la Justicia, ha implicado a varios miembros de la trama en la entrega de sobornos relacionados con los contratos de emergencia. En su declaración, Aldama afirmó que Koldo García le pidió 50.000 euros para entregarlos a Torres, aunque este último negó haber recibido cualquier pago ilícito.
