El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que se llevará a cabo un registro de medios de comunicación. Según Urtasun, «este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente», y en este caso, se ha decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC).
El Gobierno ha encargado a la CNMC la creación de este registro, el cual reflejará de manera pública datos de su propietario y la inversión publicitaria que reciben. Todo ello, presentado dentro del marco que conforma el Plan de Regeneración Democrática.
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— EL PAÍS (@el_pais) September 17, 2024
Ernest Urtasun ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo una reforma de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) para que pueda asumir las competencias necesarias para el nuevo registro de medios de comunicación. Este registro es uno de los puntos clave del ‘Plan de Acción por la Democracia’, aprobado oficialmente este martes.
El Plan de Acción por la Democracia busca crear un registro de medios de comunicación y se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar la transparencia institucional. Según Sánchez, el plan tiene como objetivo combatir la desinformación en la prensa a través de reformas legales.
El Consejo de Ministros aprueba el ‘Plan de Regeneración Democrática’
El Plan de Acción por la Democracia, presentado por el Gobierno y detallado por Ernest Urtasun y Félix Bolaños, incluye 31 medidas que se implementarán durante los tres años restantes de la legislatura. Entre estas medidas se encuentran reformas prometidas a los socios parlamentarios, como la modificación de los delitos de injurias a las instituciones del Estado y de ofensas a los sentimientos religiosos, así como la actualización de la ley de secretos oficiales. También se busca fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del “ecosistema informativo” y mejorar la calidad de la información gubernamental publicada en los medios. Además, se pretende reforzar la transparencia en el poder legislativo y el sistema electoral y limitar la financiación pública a los medios de comunicación para evitar que estos sean impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
