Agentes de la Policía Nacional y Europol han desmantelado dos organizaciones criminales involucradas en la regularización fraudulenta de migrantes asiáticos. La operación ha resultado en la detención de 69 personas, 35 de ellas miembros de las organizaciones desmanteladas, las cuales habían regularizado ilegalmente a más de 1,000 ciudadanos, obteniendo aproximadamente cinco millones de euros en beneficios.
Modus Operandi
Según la Policía Nacional, las organizaciones operaban principalmente en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, y contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para gestionar la documentación necesaria para la obtención fraudulenta de tarjetas de residencia. A cambio de estos servicios, cobraban entre 500 y 1,000 euros por persona extranjera.
La investigación se llevó a cabo en dos fases distintas:
La primera Fase supuso la detención de 35 personas: en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) con los cargos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. En la segunda fase se ejecutó la detención de 34 personas en varias ciudades: Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) con los cargos de falsedad documental.
La Policía Nacional realizó cinco diligencias de entrada y registro en Toledo (2), Madrid (2) y Guadalajara (1). Durante estos registros, se incautaron: Siete vehículos de alta gama , 80,000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y la documentación relacionada con la investigación.
Los principales responsables de la red criminal contactaban directamente con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Una amplia red de colaboradores proporcionaba la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos en domicilios donde los migrantes nunca residían. Los implicados también entrenaban a los extranjeros para las entrevistas del proceso de solicitud de arraigo.
Colaboración con abogados
Las organizaciones criminales contaban con la colaboración de despachos de abogados, quienes recibían entre 500 y 1,000 euros por cada persona regularizada. Los acusados proporcionaban documentación falsa a ciudadanos chinos que simulaban viajar a España para emprender negocios ficticios y obtener visados tipo D. Además, gestionaban matrimonios de conveniencia, cobrando entre 3,000 y 20,000 euros por cada ciudadano que lograba obtener la residencia, según el método utilizado.
